Laurasofia Polanco (*) 

Dicen que es el principal obstáculo contra el matrimonio igualitario en Colombia. Alejandro Ordóñez es posiblemente el funcionario más homofóbico del país y a poco de cumplir 60 años lo presentan como el hombre que maneja el bloque antigay. La cruzada homofóbica de este abogado, político, jurista y filósofo gana fuerza, mientras una madre exige justicia para su hijo y los ataques contra la población LGTBIQ quedan en la impunidad.

¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué hilos mueve?

Después de garantizar su reelección en el 2012 gracias a la alineación de la Unidad Nacional, en el Congreso de Colombia, Ordóñez se dio a la tarea de hacer campaña política junto con aquellos congresistas que se oponen al matrimonio igualitario, con el propósito de impedir a toda costa que el mandato de la corte constitucional se lleve a cabo.

En abril de 2013 se formó el bloque antimatrimonio gay en Colombia encabezado por el procurador.

Sin importar la exigencia de la Corte ante el Congreso de reglamentar las uniones de la parejas del mismo sexo, el procurador y su alianza homofóbica, en la que se encontraban José Darío Salazar(Conservador), la senadora Claudia Wilches (La U) y el senador Edgar Espíndola (PIN), se dispusieron a denunciar a la Corte Constitucional por estar, a su parecer, modificando la Constitución del 91, pues la Carta Política señala que la familia, como base de la sociedad, está compuesta por el matrimonio entre un hombre y una mujer.

La sentencia C577 de 2011 expedida por la Corte Constitucional reconoce de manera explícita a las parejas del mismo sexo como un tipo de familia que como tal, merece ser amparada por el ordenamiento jurídico colombiano y, además resuelve el déficit jurídico al que se enfrentan las parejas homosexuales, todo esto bajo el estudio que la corte realizó del concepto de familia protegida en especial cuando concluye que no existen razones jurídicas para que la protección que lleva la familia como consecuencia matrimonial deba excluir a las parejas del mismo sexo. Además que según está si el contrato matrimonial entre parejas del mismo sexo no había sido reglamentado por el Congreso de la República para el 20 de junio de 2013, las parejas del mismo sexo podrían acudir ante el notario o juez competente para formalizar y solemnizar su vínculo contractual.

Al escuchar esto el procurador, ante cuatro solicitudes recibidas por jueces y 40 recibidas por notarios para la realización de matrimonios entre parejas homosexuales, el 16 de julio de 2013 envió a cada notaria, juzgado u oficina judicial con propósito de “advertir” a los funcionarios que si efectuaban dicho contrato matrimonial estarían incurriendo en una falta en el ordenamiento jurídico, en este oficio de cuatro páginas, junto con la firma de un procurador judicial, se cita el Código civil y la constitución alegando que solo las uniones heterosexuales se podrán consumar como matrimonios y además que se deben abstener de darle esta connotación(no usar la palabra matrimonio) para cualquier contrato de unión entre parejas homosexuales.

Este proceder no se detuvo en ese suceso. Posteriormente, el procurador y su bloque antigay celebraron el 2 de octubre de 2013 el fallo a favor de una tutela impuesta por su entidad a cargo para que no se efectuara un matrimonio entre una pareja homosexual, a lo que el procurador Ordóñez dijo a El Tiempo: “He coincidido y he afirmado que el matrimonio homosexual, como se le ha denominado, carece de fundamento constitucional y de fundamento legal, lo ha dicho la Corte Constitucional cuando al referirse al tema menciona la solemnización de esas uniones, pero jamás se le confiere la naturaleza de matrimonio”.

Mientras, Germán Humberto Rincón Perfetti, abogado representante de la comunidad gay, indicó que “existe una persecución por parte de la Procuraduría que evidencia una agenda ideológica nunca antes vista en el país. Sin mencionar que las anteriores procuradurías siempre dieron conceptos a favor de parejas y personas homosexuales, y ahora sin cambios constitucional ni legal, asistimos a un cambio de 180 grados”.

Siendo así, no sorprende que en el mes de noviembre del presente año el procurador se haya dado a la tarea de exigir a la Corte Constitucional que se le niegue la posibilidad matrimonial a seis parejas del mismo sexo a través de un escrito de 53 páginas en que alega que, el matrimonio entre homosexuales es inconstitucional y por lo tanto una violación a la ley.

Tampoco llama la atención que alumnos de la prestigiosa universidad de Harvard se negaran recientemente a recibir al procurador de Colombia, Alejandro Ordoñez, como conferencista invitado. Los estudiantes manifestaron, a través de una carta firmada por parte de una comunidad estudiantil donde se encuentran 20 estudiantes de la república colombiana en Harvard, otros estudiantes norteamericanos y ONG, “Como colombianos, estudiantes internacionales, activistas de derechos humanos, e investigadores, lamentamos y queremos expresar nuestra preocupación, porque el centro haya decidido invitar al Procurador Ordóñez. La universidad de Harvard se enorgullece de ser una universidad que promociona la investigación científica, un espacio donde la búsqueda del conocimiento se impone al dogmatismo que divide. Desafortunadamente Ordóñez, con sus acciones y palabras, ha demostrado todo lo contrario”.

Dicho esto, esta ocasión no es la primera, ya que en una evento de la misma universidad en cuestión, la asociación de estudiantes colombianos de Harvard prefirieron cancelar un foro que recibir al polémico político colombiano. Estos hablaron de su preocupación ante la postura de Ordoñez frente a temas como los derechos LGBT, el aborto y el proceso de paz, claro está, siendo bastante críticos respecto a la postura que ha decidido asumir el procurador.

Alejandro-Ordóñez-2-

A esto agregándole, el fallo a favor de la institución educativa de la que fue víctima Sergio Urrego(Q.E.P.D.). La familia del fallecido estudiante radicará una tutela en la corte constitucional considerando que el consejo de estado vulneró el reconocimiento a los derechos fundamentales a Sergio Urrego. Según el fallo del tribunal de lo contenciosos y administrativo que el colegio Gimnasio Castillo Campestre de Bogotá no cometió discriminación contra el fallecido estudiante. A esto la comunidad y la familia no demoraron en manifestar su profundo rechazo.

Asimismo, Alba Reyes, madre de Sergio, encabezó en plantón en la mañana del 3 de diciembre de este año frente al Palacio de Justicia para rechazar el fallo del Consejo de Estado que aceptó los argumentos presentados por la el procurador General, Alejandro Ordóñez. “Según ese concepto mi hijo no merece justicia por estar muerto”, dijo ella El Espectador. Consecuentemente dijo que su hijo (y sus derechos) ha sido “atropellado” por las directivas del Colegio, por el mismo Procurador General y los órganos judiciales. A lo que ella agrega: “Hoy me vienen a decir que no hay pruebas de la discriminación y que no tengo yo como mamá el derecho a pedir la restauración de su buen nombre”.

La Procuraduría General de la Nación se supone que es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado y es su obligación y principal función velar por el correcto ejercicio de los funcionarios según la Constitución la Ley a servidores públicos. No obstante, esta definición a grandes rasgos es un eufemismo para un organismo que, en Colombia, a parecer dedica mayores esfuerzos a perseguir a los ciudadanos que a los funcionarios corruptos, mientras los primeros deben sortear años de lucha y acciones judiciales para que se les cumplan sus derechos los segundos al parecer tienen vía libre para inflar los presupuestos y “serruchar”, como se dice coloquialmente, su parte millonaria sin que el organismo encargado de no permitir semejante acto lo evite. No en vano Colombia ocupa el lugar 37 en el ranking de la ONG Transparencia Internacional sobre los países más corruptos del 2014.

Alejandro Ordoñez, en palabras de Mauricio Albarracín (director de Colombia Diversa) en entrevista con El Espectador,  es “el funcionario público más homofóbico y con más poder de la historia de Colombia. Ha denigrado de la población LGBTI desde su tesis de grado como abogado hasta hoy. Usa el derecho y las instituciones como una máscara de la discriminación y dice que sus opiniones son “estrictamente jurídicas”; seguramente para él también la Inquisición y la quema de brujas fueron procesos “estrictamente jurídicos”.

Desde que llegó a esa oficina ha gastado los recursos públicos para perseguirnos, dice Albarracín y no permitir que seamos personas iguales: “Su acción no sólo es contra la Constitución, es contra el cristianismo. Al prójimo no se le persigue ni con la Constitución ni con la Biblia”.

*Estudiante de Comunicación de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Community Manager del IIE Javeriana Cali. Periodista autodidacta.

Comments

comments

Dejar respuesta