Por Claudia Vásquez Haro (*) 

Para las personas trans que sobrevivimos a la época más dura y hoy tenemos más de 40 años, salir a la calle  no sólo fue ponerse ropa de mujer  y un par de tacos  altos.  Significó  visibilizar la existencia de nuestro colectivo, de nuestras vidas precarias,  abyectas y materializar nuestras  identidades de género autopercibidas que iban a contracorriente de los mandatos sociales de la época. Todo esto acompañado de una política de mano dura por parte del  Estado que reprimía nuestras identidades y sexualidades diversas. Pero al mismo tiempo este hecho dio cuenta del sentido más político de nuestros  cuerpos, prácticas  y saberes.

Ser trans tuvo un costo muy alto: que nuestros  padres nos echaran de nuestros hogares después de maltratos físicos  desde muy temprana edad, tener que abandonar la escuela porque los profesores nos trataban como si tuviéramos una enfermedad o que nos terminaran expulsaban por no reproducir el binarismo hombre/ mujer en términos de genitalidad. Por eso, la mayoría de nosotras no hemos terminado los estudios primarios, secundarios y universitarios. Esto trajo aparejado varios tipos de discriminación desde no poder ir al baño en un lugar público, burlas, insultos y desprecios  en todos lados. Ser tratadas y vistas  por los demás, como no humanas alimentó el estigma, el prejuicio, la criminalización  y la exclusión social del colectivo trans.

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Se nos cerraron todas las puertas por ser desobedientes al patriarcado y a la heterónoma. En ningún lado se nos dio trabajo, nuestros cuerpos  fueron atravesados por la violencia del Estado y  el mercado. Lo único que nos quedo fue la prostitución, no como  elección, si no un destino; porque no existía otra alternativa. Al mismo tiempo la persecución policial, amparada en los códigos de falta, criminalizaron  nuestras identidades, les sacaban plata o  violaban a alguna de las compañeras y si  iban a la comisaría a hacer la denuncia terminaran metiéndolas presas.

Estas  normativas  decían  “vestir ropas del sexo opuesto” era una contravención. Veíamos  a la ley de identidad de género como una utopía. No nos reconocían nuestro propio nombre. Vivíamos  la vida con una identidad falsa, con un nombre que no daba cuenta de nosotras. Tener que  hacer la fila de los varones para votar y soportar la burla de todos era  un agravio terrible, muchas veces decidimos no votar  para no pasar por este mecanismo discriminatorio y tormentoso.

Dejar de atenderse en el hospital porque hacerlo era someterse a todo tipo de humillaciones, morir por causas evitables, por enfermedades que tienen tratamiento,  ser asesinadas de la manera más brutal, y  abandonadas en un charco de sangre para luego ser enterradas como NN,  son el resultado  de una practica sistemática y violenta  a la cual  somos sometidas las personas  trans. Vivimos en carne propia la aplicación arbitraria de estas  normativas, que atentaron contra  nuestra integridad física, psicológica y moral. Estábamos sitiadas, nos metían presas sólo por salir a la calle a comprar el pan. La voz trans era nula, no existía, no tenía ningún valor. A pesar de todo lo que avanzamos, con la ley de identidad de género, muchas de esas cosas, quizás la mayoría, siguen pasando.

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El Estado es el principal responsable de toda esta violación a nuestros derechos humanos, pero también parte de la sociedad civil que hasta el día de hoy intenta sostener y legitimar este discurso,  este modo de pensamiento autoritario y discriminatorio. Les sorprende  el monto de un subsidio y no las condiciones de vida de uno de los sectores más vulnerados de  nuestra sociedad civil, no se preguntan ¿porque las expectativas de vida de las integrantes de nuestro colectivo no superan los 30 años? Desde OTRANS consideramos más que necesaria una reparación económica por parte del Estado, por  todos estos años de exclusión, abandono y agravio hacia  nuestras  identidades y sexualidades diversas.

(*) Una mujer trans peruana que vive hace 15 años en Argentina. Soy Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, docente investigadora de esta misma casa. Presido la Asociación civil OTRANS en LA  Plata, organización compuesta por 300  personas trans (el 75 %  migrantes de Perú, Ecuador, Paraguay y otros  países en menor numero)

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