Tareck Willian Saab dijo hace pocos días que el Parlamento debía discutir el proyecto de matrimonio igualitario. Ahora se desdice, y opina que la iniciativa es inconstitucional. El funcionario contradice un fallo de 2008 del máximo tribunal y sus inicios como diputado.

Por Juan Carlos Figueroa (*)

Un paso adelante, dos hacia atrás. El recién nombrado defensor del Pueblo en Venezuela, Tareck Willian Saab, hace un par de semanas hizo lo que no ha hecho ningún alto funcionario del Estado venezolano. En entrevista a una televisora local pidió al Parlamento nacional debatir el proyecto de matrimonio igualitario que fue presentado por el movimiento de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (Lgbti).

Ver Defensor del Pueblo venezolano pide que se debata matrimonio igualitario

“El poder (legislativo) tiene que discutir y debatir ese tema, y nosotros vamos a participar en ese debate… ¡Bienvenido sea el debate!”, declaró el funcionario el 8 de enero. No pasó un mes y ya la historia es otra.

El pasado 18 de enero, en entrevista al diario Últimas Noticias, Saab dijo que el proyecto de matrimonio entre iguales es inconstitucional. “No se ajusta al artículo 77 de nuestra Constitución… Para su eventual discusión, tendría la Asamblea Nacional que decidir si activa o no un proceso de enmienda constitucional de ese artículo”. El defensor explicó que dicha modificación debería ser aprobada en un referendo nacional. Un paso adelante, dos hacia atrás.

El artículo 77 dice así: “Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges”. De acuerdo a Saab, sería este enunciado lo que impide a la Asamblea Nacional discutir y aprobar el proyecto presentado por el colectivo Lgbti el 31 de enero de 2014. Una consideración que es incorrecta, de acuerdo con el máximo tribunal de Venezuela.

EL CASO UNAF

El Tribunal Supremo de Justicia dictaminó en 2008, a pedido de un recurso de interpretación interpuesto por la organización Unión Afirmativa de Venezuela (UNAFf), que el artículo 77 de la Constitución no limita la posibilidad de reconocer legalmente las relaciones homosexuales. La sentencia explica, textualmente, que la Carta Magna “no prohíbe ni condena las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, que encuentran cobertura constitucional en el derecho fundamental al libre desenvolvimiento de la personalidad”.

La sentencia faculta entonces al Parlamento para legislar sobre la materia: “Es a la Asamblea Nacional a la que le compete, según su prudente arbitrio, el reconocimiento y desarrollo legislativo de los derechos patrimoniales y sociales que surjan como consecuencia de relaciones propias del Derecho Civil, entre ellas las de parejas de igual sexo”.

Lee aquí la sentencia completa.

La propuesta presentada el año pasado por el colectivo, con el apoyo de 20.940 firmas, pide cambios puntuales. Propone la modificación del artículo 44 del Código Civil venezolano, que data de 1982.  Este apartado legal establece que “el matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer”. Lo que plantean es que diga lo siguiente: “El matrimonio solo puede contraerse entre dos personas cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de estas…”. Se modificarían otros 18 artículos del código, en los que, básicamente, se sustituirían los términos “marido y mujer” por el de “cónyuges”.

Lee aquí la propuesta completa.

La Constitución estipula que los diputados están obligados a discutir cualquier iniciativa legislativa que cuente con el respaldo de al menos 0,1% de los votantes del país (menos de 19 mil 100 firmas). De acuerdo con lo que estipula la Carta Magna (artículo 205), los legisladores debían iniciar el debate sobre el matrimonio igualitario antes de que terminaran las sesiones del año pasado. Son los legisladores los que estarían faltando al mandato constitucional.

SAAB, EL EXDEFENSOR

El mismo que hoy pone “peros” al proyecto, hace 16 años abogó en Venezuela por la protección de los LGBT. Saab, abogado especialista en derechos humanos y derecho penal, fue el presidente la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, encargada en 1999 de redactar la nueva Constitución venezolana.

El boletín número 36 de “Derechos Humanos y coyuntura”, que la organización venezolana Provea publicó en octubre de 1999, reseña que la Comisión de Derechos Humanos dirigida por Saab aprobó que el artículo 21 de la Carta Magna incluyera una mención explícita a la prohibición de discriminación por orientación sexual. Esta opción también fue asumida por la Comisión Constitucional, encargada de la escritura formal del texto legal.

Sin embargo, cuando se leyó el artículo en plenaria para su aprobación definitiva, sólo aparecieron especificadas cuatro condiciones: “No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social…”. Se incluyó una generalidad sobre “cualquier” otro tipo de segregación que menoscabe las “libertades de toda persona”. Pero el detalle sobre la orientación sexual, planteado por Saab y su equipo, fue eliminado. Luego la prensa publicó que el diputado Hermánn Escarrá, presidente de la Comisión Constitucional, se había reunido la noche anterior a la plenaria con representantes de la Iglesia Católica en el país.

Lee el informe completo de Provea aquí. 

Pero en esa sesión hubo otro cambio que sorprendió. De acuerdo con el diario de debates de la Asamblea, el artículo 77 sobre el matrimonio, el que ahora Saab refiere como un obstáculo para el proyecto Lgbti, fue aprobado en primera discusión el 25 de octubre de 1999 con el siguiente enunciado: “Se protege el matrimonio. Las uniones estables de hecho que cumplan los requisitos establecidos en la ley, producirán los mismos efectos que el matrimonio”.

Ese día, el constituyente Allan R. Brewer-Carías salvó su voto. Justificó su postura al decir que debía existir una especificación sobre el sexo de los contrayentes, “ya que no parece ser obvio, en el mundo moderno, que los matrimonios sólo deban existir entre hombre y mujer”, registró el diario de debates. A última hora, en el segundo debate en plenaria, Brewer-Carias se impuso y se agregaron las referencias “hombre y mujer”.

¿DE QUÉ LADO DE LA HISTORIA?

 

Como Defensor del Pueblo, es mucho lo que puede hacer Saab en favor de esta comunidad, dice Quiteria Franco, coordinadora de Unaf y de la Red Lgbti de Venezuela. “Aunque la labor de la Defensoría es de mediación, hay recursos legales a los que puede apelar para ejercer su rol de defensa. Expresar de manera abierta y sin temor su posición a favor del matrimonio igualitario, ayudaría mucho, tal como lo han hecho los defensores de otros países”, opina la activista. Recuerda al Defensor de Colombia, Jorge Otálora, quien dijo que era católico, pero defendió recientemente la adopción por parte de parejas homosexuales, y sostuvo que los derechos humanos deben están por encima de cualquier creencia religiosa.

Franco tuvo oportunidad de asistir a una reunión con Saab el 22 de enero pasado, al que asistieron representantes de diferentes organizaciones de derechos humanos. Logró entregarle varios documentos, entre ellos el caso de Giniveth Soto, madre lesbiana asesinada en diciembre pasado, que dejó a su esposa e hijo en el limbo jurídico porque el Estado venezolano se ha negado a reconocer su matrimonio con Migdelys Miranda.

Franco se pone a la orden: “Estamos dispuestos a trabajar con él y a cooperar para que la institución que representa pueda ejercer el rol de defensa que le corresponde. Necesitamos que se garantice el derecho a la protección legal de nuestras familias”.

Solo falta saber si Saab también está dispuesto, otra vez, a pelear desde este lado de la historia.

(*)  Periodista egresado de la Universidad Central de Venezuela. Ha publicado para los diarios venezolanos El Nacional, El Tiempo, Últimas Noticias y El Mundo Economía & Negocios. También ha colaborado para las revistas Zeta (Venezuela), Marcapasos (Venezuela) y Diario Las Américas (Estados Unidos). Es estudiante de la maestría en Comunicación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).

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