Comenzó la segunda batalla por el matrimonio gay en Venezuela

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Ante la vista gorda de los parlamentarios venezolanos, el movimiento Lgbti activó la vía judicial para que se reconozca legalmente a las parejas del mismo sexo en el país. Esperan que se repita la experiencia de Brasil, Colombia y algunos estados de México

Por Juan Carlos Figueroa (*)

Decidieron jugarse todas las cartas. Ante la renuencia del parlamento venezolano a discutir el proyecto de matrimonio igualitario, el movimiento Lgbti se atrevió a llevar la pelea a otro terreno: el pasado 29 de enero, introdujo un recurso ante al máximo tribunal del país que podría abrir el camino para que las parejas del mismo sexo puedan casarse en Venezuela.

La acción judicial corrió por cuenta de la organización Venezuela Igualitaria, que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad parcial del artículo 44 del Código Civil venezolano. Este apartado legal, que data de 1982, especifica que el matrimonio en el país solo puede contraerse entre un hombre y una mujer. El argumento que sostiene esta agrupación para defender su solicitud es simple: asegura que dicho enunciado es discriminatorio y contradice los principios fundamentales de la Constitución.

La iniciativa intenta repetir la experiencia de tres países de Latinoamérica que, en los últimos cuatro años, lograron que los tribunales concedieran la protección legal que los legisladores les han negado a las parejas homosexuales.

Dos vías, un destino

En Argentina, Uruguay, Ecuador y cinco estados de México (Distrito Federal, Campeche, Jalisco, Colima y Coahuila) se aprobaron el matrimonio igualitario o las uniones de hecho (con notables diferencias en cada país) luego de que sus respectivos parlamentos dieran el visto bueno. El congreso de Chile también apoyó el mes pasado la legalización de las uniones civiles, que podrán comenzar a celebrarse en los próximos meses. Pero en Brasil, Colombia y al menos otros cinco estados de México encontraron este amparo legal por la vía judicial.

Quizá el caso menos complicado es el de Brasil. El Consejo Nacional de Justicia brasileño aprobó en mayo de 2011 las uniones civiles entre homosexuales. La resolución respondió a un recurso interpuesto por el gobierno de Río de Janeiro y la Procuraduría General. Desde entonces, algunas notarías comenzaron a registrar a parejas homosexuales. Hasta que en mayo de 2013, la máxima corte obligó a todos los jueces a nivel nacional a admitir todas las peticiones de casamientos. El proyecto de matrimonio igualitario no pudo avanzar en el congreso por presiones de católicos y evangélicos.

En Colombia, la sentencia que cambió la historia llegó en julio de 2011. El Alto Tribunal de este país dejó en claro ese día que las parejas del mismo sexo tenían derecho a formar familia y que el Estado debía protegerlas. Y se atrevió a más: le puso un plazo de dos años al congreso colombiano para que creara la ley que regulara este tipo de uniones; si no cumplían, cualquiera podría ir a registrarse con su pareja ante una notaría sin ningún impedimento legal.  En ese plazo, se presentó un proyecto de matrimonio que la mayoría de los legisladores rechazó. Todavía existen algunas indefiniciones, como el tema de la adopción, pero desde 2013 se han legalizado al menos 316 relaciones, según reportó El Tiempo de Bogotá el 5 de enero pasado.

Y en México, amparos judiciales que decidieron sobre casos particulares han permitido a varias parejas casarse en Oaxaca, Baja California, Yucatán, Chihuahua y Querétaro. Ya en 2010, el máximo tribunal mexicano había dictaminado que todos los estados de la República estaban obligados a reconocer los casamientos de homosexuales celebrados en el Distrito Federal.

Los fallos de los tribunales de Brasil, Colombia y México se justificaron siempre en el principio constitucional de la igualdad y la no discriminación, el mismo argumento que presentaron hace semanas los activistas en Venezuela ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Nuevos tiempos

Que sí se puede, dice Giovanni Piermattei, presidente de Venezuela Igualitaria. “Siempre nos hemos posicionado frente a esta lucha con gran optimismo, y tenemos buenas expectativas con respecto de la decisión que tomará el Tribunal Supremo”, señala el activista. Destaca que Brasil y Colombia son dos ejemplos cercanos del gran alcance que podría tener esta iniciativa.

El antecedente inmediato a esta medida es un fallo del TSJ de 2008. La ONG Unión Afirmativa de Venezuela (Unaf) interpuso en 2003 un recurso de interpretación sobre el artículo 77 de la Constitución, que señala que el Estado protege “el matrimonio entre un hombre y una mujer”. Unaf argumentó en su solicitud que dicho enunciado parecía contradecir el principio constitucional de la no discriminación, y pidió al máximo tribunal que su interpretación determinara “la posibilidad de reconocer jurídicamente las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo y sus consecuentes efectos patrimoniales”.

Los magistrados de la sala constitucional del TSJ decidieron que el artículo en cuestión no discrimina a las parejas homosexuales. Explicaron que la Carta Magna no limita la posibilidad de aceptar legalmente estas relaciones, puesto que “no prohíbe ni condena las uniones de hecho entre personas del mismo sexo”. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre el reconocimiento jurídico de estas uniones y delegó en el parlamento venezolano la responsabilidad de legislar sobre la materia. La corte tardó cinco años en emitir este veredicto.

Lea aquí la sentencia completa aquí.

“Esperamos que los magistrados tengan una visión más amplia. Deben adaptarse a la realidad de nuestros tiempos, se trata de un tema de evolución social”, apunta Piermattei. Y agrega: “Deben dar un paso al frente a favor de la dignidad humana”.

Presión parlamentaria

Comenzar una nueva lucha, no significa abandonar la otra. Venezuela Igualitaria y otras organizaciones lograron reunirse el pasado 21 de enero con el diputado Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, para pedir explicaciones sobre el estado de la discusión del proyecto de matrimonio igualitario presentado por el movimiento Lgbti el 31 de enero de 2014.

Esta propuesta de ley fue entregada con el respaldo de 20 mil 940 firmas, lo que obligaba a los diputados a debatir el asunto antes de que terminara el año pasado. Los legisladores ya están en mora, pero Amoroso aseguró en este encuentro que la Comisión de Política Interior del Parlamento retomará este mes la conformación de mesas de trabajo. Estimó que la primera discusión en la plenaria sobre el matrimonio debería darse este año.

“La posición del diputado y su equipo de trabajo fue muy receptiva, sin dejar de lado el temor a enfrentar el tema del matrimonio ante una sociedad que, según ellos, no está preparada. También dejó en claro que dentro de la fracción del Psuv (partido de gobierno y de mayoría parlamentaria) muchos diputados están a favor de brindar protección a nuestras familias, por lo que confiamos en que el proceso no será dilatado”, comenta Piermattei.

Este año deben realizarse las elecciones parlamentarias en Venezuela, un momento clave para ejercer presión dentro de los partidos políticos, dice Pierattei. Considera que el éxito del proyecto en la Asamblea o del recurso en el TSJ dependerá de la capacidad que tengan todas las organizaciones Lgbti en el país de construir un discurso “sólido y compartido”. “Mientras esto no se dé, y no unifiquemos esfuerzos, los avances siempre serán lentos”. La batalla recién comienza.

(*)  Periodista egresado de la Universidad Central de Venezuela. Ha publicado para los diarios venezolanos El Nacional, El Tiempo, Últimas Noticias y El Mundo Economía & Negocios. También ha colaborado para las revistas Zeta (Venezuela), Marcapasos (Venezuela) y Diario Las Américas (Estados Unidos). Es estudiante de la maestría en Comunicación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).

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