El Estado vs. LGBTI: la excusa del problema cultural en Venezuela

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El gobierno venezolano y el colectivo sexodiverso se enfrentaron el pasado 16 de marzo en una sesión especial de la CIDH. Estos son los detalles y el balance final del encuentro

Por Juan Carlos Figueroa (*)

El Estado venezolano tuvo que rendir cuentas. Muy pocas veces asume el tema, y esta vez le tocó hacerlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  El pasado 17 de marzo, el organismo interamericano realizó la primera audiencia exclusiva para revisar la situación del colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (Lgbti) de Venezuela.

De un lado del ring estaba la Red Lgbti de Venezuela, grupo de al menos cinco organizaciones, que presentó un informe ante la Comisión que toca tres puntos elementales de la problemática en el país: 1) la falta de protección legal a familias homoparentales; 2) los crímenes de odio, que suelen no ser investigados; y 3) el discurso homofóbico de los altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Lee el informe completo:


Para defenderse, el Estado escogió a María Alejandra Díaz, miembro de la delegación de Venezuela ante la CIDH. La abogada, militante del Psuv (partido de gobierno) y postulada como rectora al Consejo Nacional Electoral, comenzó su exposición con la siguiente frase: “El tema es un tema cultural, y un tema cultural no se resuelve en 10 años, en 15 años… Y no es una excusa, es una realidad”.

El “tema cultural” representó el argumento conductor de todo el alegato del Estado. Hubo algunos “mea culpas” en la reunión que duro casi una hora: “Tenemos mucho que aprender”, “Esta población debe visibilizarse y se le debe dar todos sus derechos”, “Nos falta mucho camino por recorrer”. Pero hasta el último momento, Díaz lo sostuvo: “Seguimos insistiendo en que es un tema cultural”.

En tres “rounds”, presentamos las denuncias que expuso la Red Lgbti de Venezuela, los puntos de la defensa del Estado y también los comentarios de los relatores de la CIDH.

ROUND 1: Matrimonio legal o inconstitucional

– En Venezuela no existe protección legal alguna para las familias homoparentales, denunció Quiteria Franco en nombre de la Red Lgbti. Detalló que al menos ocho proyectos de ley han sido entregados al Parlamento y al Ejecutivo para legalizar las relaciones entre homosexuales. Ninguna ha tenido éxito. Franco explicó también que las autoridades se niegan a registrar los matrimonios de venezolanos celebrados en el extranjero, a pesar de que el Código Civil no discrimina sobre qué casamientos se pueden registrar y cuáles no. Citó como ejemplo el caso de Giniveth Soto Quintana y Migdely Miranda, casadas en Argentina y con un hijo nacido en ese país. Luego del asesinato de Soto, Miranda y su hijo se encuentran en un limbo jurídico: Miranda no es reconocida como su madre y el niño no tiene nacionalidad venezolana, pero sí argentina

Ver: La lucha de Migdely Miranda

– “La Constitución dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer… Suena duro, pero esta es la Constitución”, contraatacó Díaz en nombre del Estado. Argumentó que en la Carta Magna existe un “conflicto de intereses” entre el artículo 21 (que prohíbe todo tipo de discriminación) y el 77 (que reglamenta el matrimonio heterosexual). Recomendó a parejas como la de Soto y Miranda que soliciten al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de interpretación que resolviera dicha contradicción. Paradójicamente, al principio de su alocución, Díaz mencionó la sentencia del “Caso Unaf” del 28 de febrero de 2008. Lo que no dijo es que el TSJ ya resolvió en dicha resolución (hace siete años) la duda que ella planteó luego. Este dictamen determinó que no existe contradicción alguna, que las uniones homosexuales no son inconstitucionales y que le corresponde al Parlamento legislar sobre la materia (ver sentencia aquí). “Es un tema de cultura”, remarcó Díaz.

–  Felipe González, comisionado de la CIDH y relator para Venezuela, reconoció que el tema cultural es una dimensión muy importante del problema. “Pero quisiera rescatar el valor que tiene la norma jurídica al respecto… Adoptar ciertas normas legales, contribuyen a modificar la cultural. Es un círculo virtuoso”, señaló González. Puso como ejemplo toda la lucha en contra de la discriminación hacia las mujeres y el impacto que ha tenido la aprobación de distintos instrumentos legales en este movimiento a nivel mundial. Este trabajo se complementa, dijo, con la promoción del respeto y la no discriminación desde las instituciones del Estado y los organismos internacionales.

ROUND 2: Crímenes de odio o violencia histórica

– En Venezuela se registraron 99 crímenes de odio entre enero de 2009 y agosto de 2013, detalló Yonatan Matheus en nombre de la Red Lgbt. Del total, 46 fueron asesinatos y 53 agresiones: “Dichos casos han quedado en su mayoría impunes ante la inacción de los administradores de justicia, quienes los desestiman por considerar a las víctimas como personas que atentan contra la moral y buenas costumbres”. Explicó que los funcionarios de seguridad figuran como uno de los principales grupos agresores. Denunció que el Ministerio Público obstaculiza las investigaciones, negando el acceso a los expedientes de las causas y el acompañamiento a las víctimas. “Faltan políticas públicas que permitan identificar y prevenir estas conductas, así como sancionar a los responsables”, agregó.

-Díaz informó que el Estado ha abierto 21 expedientes de violación a derechos de personas Lgbti, registrados entre 2010 y 2014. Reconoció que la mayoría de los victimarios han sido efectivos de seguridad del Estado, seguidos por funcionarios de centros educativos y de salud. Del total, cinco casos ya se han cerrado. Díaz dijo que se trata de un fenómeno estructural. En tal sentido, pidió reconocer “la dimensión histórica” de esta violencia para no “desestimar esfuerzos significativos”. Mencionó la inclusión de la perspectiva de identidad de género y diversidad sexual en los programas de formación de los funcionarios policiales en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes): “Todo eso para apoyar el cambio de visión que es necesario”. Un representante del Ministerio Público tomó la palabra para desmentir que se obstaculice las investigaciones.

-Tracy Robinson, relatora especial para los derechos de las personas Lgbti, hizo hincapié en la importancia de recabar información sobre estos crímenes. Pidió tanto a la Red Lgbti como al Estado que proporcionaran mayor información sobre estos delitos y los mecanismos de recolección de datos que utilizan. Señaló que los detalles de estos ataques permitirán entender mejor la problemática de la violencia contra las personas Lgbti en Venezuela. La Red Lgbti aclaró que sus cifras son producto de una revisión hemerográfica, pero el Estado no dio mayores detalles de los expedientes abiertos.

ROUND 3: Discurso homofóbico y silencio estatal

– La Red Lgbti denunció el discurso homofóbico de altos funcionarios del gobierno venezolano. Mencionó los repetidos ataques del presidente de la República, Nicolás Maduro al líder opositor Henrique Capriles Radonski, basados en un supuesto sobre su orientación sexual. Resaltó que el mismo lenguaje es repetido por diputados del partido de Gobierno y otros voceros gubernamentales. “Queremos alertar sobre las posibles consecuencias que estas declaraciones podrían acarrear: un mayor rechazo a las personas Lgbti y la incitación a crímenes de odio por razón de orientación sexual”, dijo Quiteria Franco.

Ver: Maduro, otra vez, ataca a la oposición con comentario homofóbico

– La representante del Estado guardó silencio. No se defendió. A pesar de que los relatores le pidieron explicaciones sobre esta situación, Díaz no se pronunció sobre este punto. En un momento, cuando volvía sobre el tema del matrimonio igualitario, habló sobre la oportunidad de “sensibilizar a los legisladores”. Pero no dijo nada más.

–  “Todo discurso homofóbico denigra, humilla y estigmatiza a las personas Lgbti… Los funcionarios públicos tienen la obligación de promover la igualdad y luchar contra la homofobia”, señaló Tracy Robinson, relatora para el tema Lgbti, al tiempo que pidió explicaciones al Estado. Por su parte, el relator Felipe González resaltó que se debe evitar que las autoridades realicen este tipo de declaraciones: “Esto conspira contra ese intento de transformar la cultura de fondo”.

Vea la audiencia completa aquí:

(*)  Periodista egresado de la Universidad Central de Venezuela. Ha publicado para los diarios venezolanos El Nacional, El Tiempo, Últimas Noticias y El Mundo Economía & Negocios. También ha colaborado para las revistas Zeta (Venezuela), Marcapasos (Venezuela) y Diario Las Américas (Estados Unidos). Es estudiante de la maestría en Comunicación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina)

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