El 30 de abril, la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer que había sometido ante la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Homero Flor Freire, exteniente ecuatoriano que fue separado de la Fuerza Terrestre ecuatoriana por, supuestamente, haber mantenido relaciones sexuales con un hombre al interior de un establecimiento militar.

La demanda se basa no en la comisión de los actos, sino en la discriminación contenida en el Reglamento de Disciplina Militar de la fecha. Resulta evidente que todo acto sexual dentro de un recinto militar debería ser sancionado, así como en un centro laboral, pues esta no es la finalidad de los establecimientos, pero el Reglamento de Disciplina Militar hacía una diferencia entre relaciones heterosexuales y homosexuales. ¿Cómo así? Calificaba como mala conducta profesional los actos homosexuales y establecía una sanción de destitución para estos, mientras que calificaba como falta atentatoria los “actos sexuales ilegítimos”, entendidos para los demandantes como actos sexuales entre heterosexuales fuera del matrimonio, para los cuales preveía una sanción máxima de suspensión de funciones por treinta días. 

Soldado Ecuador

UNA NOCHE QUE LO CAMBIÓ TODO

Homero Flor Freire era un oficial de la Policía Militar con grado de teniente al año 2002. De acuerdo con los hechos relatados en el Informe de la CIDH el 19 de noviembre de 2000, Flor se dirigió al Fuerte Militar Amazonas en compañía de otro funcionario militar, luego de acudir a una fiesta. Este militar, contó Homero Flor, se encontraba ebrio por lo que decidió llevarlo a su habitación. En este punto las versiones se tornan contradictorias: dice Homero Flor que un mayor del Ejército tocó su puerta y le pidió entregar su arma de reglamento, pues había sido visto practicando sexo oral con el militar. Flor afirma que aquello nunca sucedió. Por el contrario, durante todo el procedimiento sancionador y hasta sus declaraciones ante la CIDH, declaró no haber mantenido relaciones con el otro militar y ser heterosexual. Incluso señaló que a raíz de su destitución, su esposa se divorció de él.

Los hechos en concreto no resultan realmente relevantes, pues lo que se analizará ante la Corte IDH es si hubo o no discriminación en el proceso y si la disposición del Reglamento de Disciplina contravenía la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

SOSPECHOSOS COMUNES

Ecuador Ejército

Sin perjuicio de ello y sin contar con pruebas fehacientes que acrediten los actos sexuales, a los dos días se dio inicio a un procedimiento de información sumaria de investigación, el cual tenía por finalidad establecer infracciones y responsabilidades. Procedimiento similar a las investigaciones previas a un juicio penal, donde se recaban pruebas para luego sancionar.

El 17 de enero de 2001, el Juzgado de Derecho acogió el dictamen producto del procedimiento y estableció que Homero Flor y el otro militar fueron vistos practicando sexo oral. Estos hechos únicamente fueron acreditados mediante testimonios aportados por otros militares.

Homero Flor en el marco del  proceso cuestionó la constitucionalidad de la norma que se citaba para su destitución, sin embargo el Juzgado de Derecho rechazó dicha tesis bajo el siguiente argumento:

[Se] sanciona los actos de homosexualismo, justamente por el carácter espec[ial de la] legislación militar, por su filosofía y misión constitucional, por cultivar y mantener Institutos y Unidades los valores tales como el honor, la dignidad, la disciplina”.

Asimismo, el Juzgado declaró que por dichos hechos:

“Se ha ofendido subjetivamente a la Institución Armada como tal, y se ha afectado a su imagen y prestigio[,] ha causado un escándalo y mal ejemplo tanto en el Fuerte Militar como a nivel de la población civil”

El Consejo de Oficiales Subalternos de la Fuerza Armada Terrestre ecuatoriana dispuso que Flor fuera colocado en “situación de disponibilidad previa a su baja del servicio activo de la Fuerza Terrestre”. La decisión fue apelada, pero el Consejo de Oficiales Superiores de la Fuerza Armada rechazo la apelación.

Flor interpuso un recurso de amparo el cual llegó hasta el Tribunal Constitucional de su país, que lo declaró improcedente pues “no se había logrado acreditar una violación constitucional en perjuicio de Homero Flor”.

ANÁLISIS DE LA CIDH

La Comisión primero recalcó que Homero Flor había sido separado de las FF. AA. por supuestamente haber mantenido relaciones con otro hombre, sin embargo, él rechazaba los hechos y no se consideraba homosexual. Al respecto, se dejó sentado que el alcance de la prohibición de discriminación por orientación sexual “es independiente de si la orientación sexual de una persona corresponde con su auto-identificación, es decir, su orientación sexual real, o si se trata únicamente de la percepción que las demás personas puedan tener respecto de su orientación sexual (orientación sexual “percibida”)”.

Por ello hay personas que sin ser LGBT pueden sufrir también de discriminación por orientación sexual, por ser percibidas y tratadas como LGBT en un ambiente discriminatorio. No caben dudas que ante estos hechos poco importa si la persona realmente se identifica como LGBT, pues los actos contrarios a las normas vienen de la discriminación, no de la real orientación sexual de la víctima.

Resulta sumamente positivo que la CIDH introduzca estos criterios de orientación sexual real y percibida, pues bien sabemos que la discriminación por orientación sexual muchas veces se basa en perjuicios como la forma de vestir, caminar, hablar, que no confirman la orientación sexual de las personas, pero que dan lugar a que sean discriminadas por una percepción externa. Estos casos, no caben dudas, son también casos de discriminación por orientación sexual, aunque esta sea solo percibida y no necesariamente real.

Sobre el principio de igualdad, la CIDH en su Informe citó a la Corte IDH para sustentar que por este “es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad”.

Recordó también que según estableció la Corte IDH en el caso Karen Atala contra Chile “está proscrita por la Convención [Americana de Derechos Humanos] cualquier norma, acto o práctica discriminatorio basada en la orientación sexual de la persona”. 

Sobre la base de ello, la CIDH analizó la norma contenida en el Reglamento Disciplinario Militar y concluyó que “no encuentra la relación de idoneidad de medio a fin entre la sanción de “actos de homosexualidad” en las fuerzas armadas y los valores castrenses que se buscaban proteger como el honor, la dignidad, la disciplina y el culto al civismo. Afirmar lo contrario implicaría adscribir un valor moral negativo al acto sexual entre personas del mismo sexo en sí mismo, además de promover la estigmatización contra las lesbianas, los gays y las personas bisexuales”.

En ese sentido, para la CIDH “no son admisibles las sanciones normativas para determinado grupo de personas, por incurrir en un acto o práctica sexual consensual con otra de su mismo sexo, pues esto contraviene directamente con la prohibición de discriminación en base a la orientación sexual”.

Por ello, las diferentes sanciones para actos homosexuales de actos sexuales ilegítimos constituían un tratamiento discriminatorio, los cuales además adquirían trascendencia al consolidar “el estigma que atribuye una supuesta falta de capacidad o aptitud en una persona para pertenecer a las Fuerzas Armadas, por el solo hecho de que ésta sea gay, lesbiana o bisexual, o bien sea percibida como tal”.

RECOMENDACIONES

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Como consecuencia de este análisis el 4 de noviembre de 2013, la CIDH recomendó al Estado ecuatoriano, entre otras cosas, lo siguiente:

  1. Reparar integralmente a Homero Flor Freire tanto en el aspecto material como moral
  1. Reconocer públicamente que Homero Flor Freire fue dado de baja de la Fuerza Terrestre ecuatoriana de manera discriminatoria.
  1. Adoptar las medidas estatales necesarias para asegurar que las personas que se desempeñan dentro de la Fuerza Terrestre ecuatoriana o cualquier dependencia del ejército ecuatoriano no sean discriminadas con base en su orientación sexual, real o percibida.

El caso fue finalmente sometido a jurisdicción de la Corte IDH el pasado 11 de diciembre de 2014, pues el Estado no había cumplido con adoptar las recomendaciones de la CIDH.

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