Ollanta Humala ¿Indiferencia o cobardía frente a demandas LGBT?

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VER: Ollanta Humala: Cinco años de espalda al colectivo LGBT que lo apoyó en 2011

El gobierno de Ollanta Humala ha coincidido con uno de los momentos en que más se ha hablado y discutido sobre el reconocimiento legal de los pedidos LGTBIQ en el país. Los proyectos de ley sobre crímenes de odio y unión civil nos permitieron difundir información y descubrir posturas basadas en prejuicios.

Si bien ninguna de estas dos propuestas fue presentada por el partido Nacionalista, sí hubo un pronunciamiento del Gobierno sobre esta figura. Recordemos que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos envió uno de los informes más favorables a esta figura.

¿Cuál fue el error entonces?  Mientras se presentaba este documento con bases no solo jurídicas, sino médicas; ningún miembro del Poder Ejecutivo se animó a defenderlo públicamente. El informe a favor de la Unión Civil no obtuvo respaldo político. Una acción sin respaldo es una acción para el olvido. Por el contrario, cuando el presidente fue consultado sobre el tema, contestó que no se pronunciaría hasta el fin de su mandato. Entonces, ¿por qué envió un informe tan favorable? ¿No era más fácil decir que la postura del Ejecutivo se encontraba en dicho documento?

El informe tampoco fue defendido por los congresistas del partido de gobierno, como dictaría la lógica. Se dejó que cada uno votara libremente, y bien sabemos que cuando el Ejecutivo desea que algo sea aprobado en el Congreso, mueve a toda su bancada para votar en bloque.

Marcha Unión Civil 2

Aristas más, aristas menos, creo que nos quedamos frente a dos posibilidades: el presidente nunca creyó en el informe, pero lo envió porque jurídicamente era lo correcto y no había sustento para enviar uno desfavorable, o el presidente creía en el informe, pero no se atrevió a decirlo públicamente por cálculo político. ¿Indiferencia o cobardía? No lo sabremos, al menos hasta que acabe el gobierno.

Humala HOMOFOBIA

Pero bien sabemos que los pedidos de la población LGTBIQ no se reducen al reconocimiento de las uniones de parejas, sino que abarcan situaciones más complejas y urgentes, y en esto el silencio fue absoluto. No solo en cuanto a acciones positivas, sino ante grandes omisiones. En el 2013, la propuesta de crímenes de odio fue archivada con el voto en contra de 26 congresistas nacionalistas. A pesar de que el Plan de Gobierno inicial proponía “la penalización de los casos de violencia que se ejerce impunemente contra las personas de los grupos LGTB”, nunca se dijo nada sobre el voto de estos congresistas contrario el Plan de Gobierno, mucho menos sobre lo positiva que resultaba la propuesta.

Tampoco hubo un pronunciamiento cuando el Tribunal Constitucional denegó el cambio de sexo en el documento de identidad a una ciudadana trans, a pesar de las serias vulneraciones a sus derechos que traía esta sentencia. Si bien no era obligación del Ejecutivo pronunciarse al respecto, no han sido pocas las veces en que este se ha pronunciado sobre decisiones judiciales con gran impacto. Esta vez solo hubo silencio, como si nada hubiera pasado.

Las oportunidades para hablar sobre el tema se han dado en diversos momentos a lo largo de estos cinco años y no solo se han perdido, también se han aprovechado para ir contra iniciativas favorables a la comunidad LGTBIQ. Cuando se le preguntó al presidente sobre la aprobación del matrimonio igualitario en Estados Unidos, este respondió que “era un asunto interno de cada país”. Nuevamente la pregunta ¿indiferencia o cobardía? ¿Por qué permite que un ministerio envíe un informe favorable y cuando se le pregunta por el mismo tema en otro país no se remite a dicho documento?

Todo esto evidencia no solo una falta de compromiso con las personas LGTBIQ, sino algo más grave aún: desde el gobierno se cree que nuestros pedidos son obedecen a caprichos, posturas o incluso a “asuntos internos de cada país”, mas no a derechos fundamentales, mínimos exigibles que necesita una comunidad para (sobre)vivir y hasta entonces, cualquier voto o pronunciamiento será dejado a conciencia de cada miembro del partido, cuando se debería tener una posición única y clara sobre el tema.

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