Perú: La importancia de los tribunales para la comunidad LGBT en los próximos 5 años

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Las necesidades de la población LGTB en Perú pueden ser divididas en dos grandes ramas: violencia y discriminación. Por lo general, según su clasificación, las necesidades serán cubiertas por políticas públicas, las primeras, o por leyes que cumplan con el deber de garantía y respeto de los derechos fundamentales.

Entre los problemas más comunes de violencia se encuentran los crímenes de odio, las violaciones correctivas, el bullying escolar, entre otros. Para combatir estas acciones es indispensable contar con acciones preventivas y correctivas que entiendan a las personas LGTB como sujetos de derecho cuya orientación sexual merece protección.

En el segundo grupo, por el contrario, se encuentran situaciones como ejercicio de la identidad, matrimonio igualitario, acceso al empleo de personas trans, entre otros. Estas acciones requieren indispensablemente de leyes que no solo prohíban la discriminación, sino que fomenten la inclusión de todas y todos. Leyes que protejan, que creen cuotas, que promuevan la inclusión.

Las propuestas

Teniendo ese bagaje, podemos decir que el proceso electoral 2016 nos ha dejado interesantes propuestas tanto en materia de violencia, como de discriminación. Resultaron destacables por ejemplo el registro de víctimas de violencia propuesto por Peruanos Por el Kambio (PPK), el Frente Amplio y Todos por el Perú, así como el programa contra el acoso escolar con enfoque en orientación sexual e identidad de género de este último partido.

Faltaron, eso sí, propuestas para incluir a las personas trans, quienes sólo se vieron mencionadas en el plan del Frente Amplio. Parece que la Unión Civil y el enfoque en gays y lesbianas se impuso en los planes de gobierno solo por presión mediática a raíz del amplio debate que desde el 2013 hemos tenido, pero que la identificación con la población trans y sus necesidades es aún ajeno a nuestros políticos.

Lo que se viene en violencia

A pesar de todas las propuestas que vimos en campaña, el panorama futuro no pinta tan bien para la comunidad LGTBIQ. Las medidas contra la violencia necesitan políticas públicas por parte del Estado que abarquen el tema de modo integral. Tomar las violaciones correctivas como otra violación o los crímenes de odio como otro asesinato –aun cuando ambos delitos son por sí gravísimos– lleva a la invisibilidad de la violencia hacia LGTBIQ.

Es por ello que resulta indispensable la acción del Ejecutivo. Si el futuro presidente o presidenta desea excluirnos en sus acciones, la violencia hacia LGTBIQ permanecerá como hasta ahora, bajo el tapete. Por ello, es necesario que desde el órgano encargado de dictar las políticas públicas se tenga plena conciencia de las necesidades de la población LGTBIQ. La violencia va a continuar, estamos seguros, por eso las acciones preventivas y correctivas son indispensables en los próximos cinco años.

Así, para combatir la violencia nos queda elegir entre PPK o Keiko. En temas de violencia Pedro Pablo ha propuesto la creación de un registro de violencia y aun cuando cuenta con cuadros interesantes en el Congreso para la comunidad LGTBIQ, como Alberto de Belaúnde o Carlos Bruce –hasta el momento ambos habrían sido electos–, sus declaraciones hacia la comunidad no han sido menos violentas que aquellas que escuchamos día a día en la calle cuando abrazamos a nuestra pareja. He ahí su reciente compromiso con de Parejas Reales, colectivo que se ha dedicado a menospreciar y atacar a la comunidad LGTBIQ.

Sin embargo, por el lado del fujimorismo la omisión del plan de gobierno en temas de violencia hacia LGTB habla por completo de ellos. Hay silencios que gritan…

La elaboración y diseño de una política pública desde el Ejecutivo depende en gran medida de voluntad. Sin un presidente o presidenta que realmente esté interesado en combatir y proteger a la comunidad, no hay futuro para alguna acción contra la violencia. Con los dos candidatos que han quedado, parece que tendremos cinco años más de invisibilidad, esperemos equivocarnos.

El papel de los Tribunales

La segunda rama de las medidas, las antidiscriminatorias, requieren –por lo general– de leyes, una ley de matrimonio igualitario, una ley de identidad de género, una ley que proteja expresamente la orientación sexual y la identidad de género, entre otras. Estas normas necesariamente pasarían por un debate parlamentario, pues requieren un reconocimiento legal para que luego se realicen acciones positivas. Para esto ya no hay segunda vuelta que necesitemos. La campaña nos dejó muchas propuestas, pero lamentablemente la composición nos es adversa.

El fujimorismo ha copado el Parlamento con, por lo menos, 65 de 130 congresistas. Es decir un congresista más y tendrán la mayoría del parlamento. En el mejor escenario, este partido dejará el voto de nuestros derechos fundamentales “a conciencia” de cada uno de sus congresistas. En esta materia, salvo el Frente Amplio, los partidos políticos han dejado al voto de cada congresista o han adoptado reconocimientos parciales, como la Unión Civil, a nivel de organización, cuando bien sabemos que estamos frente a derechos fundamentales, que no deberían generar dudas. Añadiendo a ello que, aun sin resultados al 100%, Julio Rosas sería el segundo más votado en la lista de APP por Lima, el panorama no es nada favorable.

Para las medidas antidiscriminatorias desde el Parlamento ya no hay vuelta atrás. Muy por el contrario, es probable que desde este vengan los peores insultos hacia la comunidad. Hay que estar preparados. Así, difícilmente se aprobarán leyes que reconozcan la real magnitud de la discriminación hacia LGTBIQ. Sin embargo, ese no es el único camino para la protección legal. Toda vez que estamos ante derechos fundamentales que requieren protección ante vacíos legales, los tribunales de justicia en los siguientes cinco años asumirán un rol importante en la lucha de los derechos LGTBIQ. Ese es el futuro. No necesitamos proyectos de ley por parte de colectivos, necesitamos demandas judiciales. El debate parlamentario puede carecer de argumentos –de hecho constantemente lo hace–, pero las decisiones judiciales deben hallarse fundamentadas. Las experiencias en otros países lo demuestran, esta es la mejor vía para el éxito.

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