Corte IDH condena al Estado de Colombia por discriminación por orientación sexual

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El 15 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública la sentencia del caso Duque vs. Colombia mediante la cual se ha declarado la responsabilidad del Estado de Colombia por denegar una pensión de viudez a Ángel Duque, sobreviviente de una pareja homosexual. Esta decisión, de conformidad con la decisión de la Corte ha vulnerado el derecho a la igualdad de Angel Duque, quien a diferencia del sobreviviente de una pareja heterosexual no pudo obtener una pensión de viudez.

El caso

Ángel Alberto Duque mantuvo una relación de convivencia durante 10 años y 3 meses con J.O. J. G., quien falleció el 15 de septiembre de 2001. Ambos eran portadores del VIH y mientras su pareja se encontraba vivo, podían solventar los gastos del tratamiento mediante la afiliación a una Empresa Prestadora de Salud (EPS).

Sin embargo, ante el fallecimiento de su conviviente, Ángel solicitó a la empresa que administraba el fondo de pensiones que le otorgara una pensión de viudez. La solitud fue denegada tanto a nivel de la empresa como por los jueces que resolvieron el proceso que inició Ángel.

Ante ello, el 2005 Ángel llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió el trámite el año 2011 y, tras el incumplimiento del Estado de sus recomendaciones, sometió el caso ante la jurisdicción de la Corte IDH.

Los alegatos del Estados

A lo largo del proceso, el Estado reconoció que había practicado un “hecho ilícito internacional continuado, durante al menos parte del período de tiempo que estuvieron vigentes las disposiciones que no permitían el reconocimiento de las pensiones a las parejas del mismo sexo”; sin embargo intentó eludir su responsabilidad al señalar que jurisprudencialmente se habían introducido cambios en el marco legal colombiado, de modo que actualmente el señor Duque sí podría obtener una pensión por viudez.

En efecto, mediante la sentencia C-336 del año 2008 se permitió que las parejas conformadas por personas del mismo sexo accedieran a pensiones de viudez, siempre que en vida hayan reconocido la existencia de una unión marital de hecho ante notario público.

Posteriormente, mediante la sentencia T051 de 2010 la Corte Constitucional de Colombia permitió que estas pensiones sean otorgadas también cuando uno de los conformantes de la unión haya fallecido, siempre que se pueda acreditarse la existencia de la unión de hecho.

Sin embargo, estos pronunciamientos fueron posteriores a la solicitud de Ángel, quien requirió la pensión de viudez el año 2002. Asimismo, las sentencias no fueron puestas en conocimiento de la Comisión al momento de la admisión de la demanda, por lo que la Corte IDH no pudo determinar si en efecto estas sentencias resultaban aplicables al señor Duque.

Discriminación

A fin de determinar la responsabilidad internacional del Estado, la Corte analizó dos disposiciones que regulaban el trámite de pensiones de sobrevivencia en Colombia al momento de los hechos.

El primero, el artículo 74  Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, el cual señalaba: “En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que ésta cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido […]”

A fin de complementar esta disposición, se analizó también la Ley 54 del 28 de diciembre de 1990, que regulaba las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Esta norma  definía como unión marital de hecho “la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho”.

De la lectura de estos dos dispositivos, la Corte advirtió que estos “establecían una diferencia de trato entre por un lado las parejas heterosexuales que podían formar una unión marital de hecho y aquellas parejas que estaban formadas por parejas del mismo sexo que no podían formar dicha unión”.

Así, recordó que dicho organismo ya había “establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención [Americana Sobre Derechos Humanos]. Por ello, está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona”

Por ello, recordó la Corte que cuando se evidencie un trato desigual deberá acreditarse la “necesidad social imperiosa o la finalidad de la diferencia de trato”, a fin de que el trato sea considerado una diferenciación, con base en hechos objetivos y no una discriminación. Sin embargo, la Corte concluyó que en este caso el Estado no acreditó estos requisitos y tampoco brindó una razón para “recurrir a esa diferenciación es el único método para alcanzar esa finalidad”.

Con dichos argumentos, la Corte encontró “que la diferenciación establecida en los artículos 1 de la Ley 54 de 1990 y 10 del decreto 1889 de 1994 con fundamento en la orientación sexual para el acceso a las pensiones de sobrevivencia es discriminatoria y viola lo establecido en […] Convención Americana”.

Como consecuencia, se determinó la responsabilidad del Estado de Colombia por la violación al derecho a la igualdad ante la ley y le ordenó, entre otras cosas, tramitar la pensión de Ángel en un plazo de 3 meses y por los montos devengados desde el 2002, así como otorgarle USD$ 10,000.00 como indemnización por los daños sufridos durante más de 13 años sin pensión de viudez.

Consecuencia en los demás Estados

La sentencia de la Corte no solo ha servido para reiterar una vez más la posición de prohibición de discriminación que se ha fijado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también para establecer estándares mínimos que deberán respetar los demás Estados miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así, la Corte ha fijado que estos “deberán adoptar todas las medidas […] que sean necesarias a fin de asegurar el acceso, en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, a la seguridad social y a otras medidas de protección social, incluyendo beneficios laborales, licencia por maternidad o paternidad, beneficios por desempleo, seguro, cuidados o beneficios de salud (incluso para modificaciones del cuerpo relacionadas con la identidad de género), otros seguros sociales, beneficios familiares, beneficios funerarios, pensiones y beneficios relativos a la pérdida de apoyo para cónyuges o parejas como resultado de enfermedad o muerte”.

Una importante decisión que respalda cualquier acción legal que en adelante los colectivos deseen iniciar, sobre todo para casos de parejas en el que uno de los dos haya fallecido.

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