¿Hora de demandar?

0
133
Gavel Resting On A Rainbow Flag

Hace algunas semanas, a pocos días de los resultados de la primera vuelta comenté que en los próximos cinco años el rol de los Tribunales de justicia sería determinante para la comunidad LGTBIQ peruana.

Hoy las circunstancias en el Congreso hacen que el inicio de acciones judiciales sea urgente. El legislativo, además de dictar leyes tiene como función, entre muchas otras, designar a los miembros del Tribunal Constitucional. Para esto es necesaria la aprobación de dos tercios del número total de congresistas, es decir 86 votos.

Los resultados de la primera vuelta han dado al fujimorismo –fuerza política aliada con pastores evangélicos homofóbicos– 73 congresistas para el siguiente periodo. Solo con los votos de Alianza Para el Progreso (09) y Alianza Popular (05) –dos de las bancadas minoritarias– podrían designar miembros del Tribunal.

¿Y cuándo se dará esta designación? Pues, actualmente hay un miembro pendiente de elección que debería ser designado antes del 28 de julio. De lo contrario deberá ser elegido por el siguiente Congreso. Lo mismo con el Defensor del Pueblo: es elegido antes del 28 de julio o lo será en el siguiente Parlamento.

Pero esto no es el único. En mayo de 2014 se eligieron a seis miembros del Tribunal Constitucional. Seis de siete que lo componen. El periodo de estos magistrados vence en mayo de 2019. Como consecuencia, en cinco años el fujimorismo podrá decidir la composición completa del Tribunal hasta el año 2024.

Aquí inician los problemas: la acción judicial más célere y adecuada para resolver un tema de matrimonio igualitario es la acción de amparo, que es resuelta en última instancia por el Tribunal Constitucional. Lo mismo con un proceso sobre cambio de sexo en documentos de identidad. La visión de los jueces designados determinará la protección jurídica que tengan los derechos fundamentales de todas y todos.

Ahora bien, para que un proceso de amparo llegue hasta el Tribunal Constitucional, pueden pasar varios años, pues antes este es tramitado ante dos instancias en el Poder Judicial y, solo si es resuelto de modo desfavorable al demandante por la Sala Superior, puede elevarse al Tribunal. Incluso, una vez que el expediente llegue a esta instancia, la resolución del caso aún demorará.

Si los activistas peruanos no deciden demandar lo más pronto posible, existen probabilidades de que el amparo de matrimonio igualitario sea resuelto por un Tribunal conformado por magistrados ultraconservadores designados por el fujimorismo. Evidentemente la designación de un magistrado por determinada bancada no obliga a aquel a obedecer los intereses de esta, pues por algo goza de independencia judicial. Sin embargo, es probable que uno de los criterios utilizados para su designación sea la visión compartida que el partido político y el juez tengan sobre las libertades individuales. Jueces progresistas y jueces conservadores hay en todos lados. Sucede en la Corte Suprema estadounidense, el Tribunal Constitucional peruano y en todos los Estados donde los altos tribunales son conformados por el poder político.

Si bien, luego de un pronunciamiento desfavorable del Tribunal aun quedarían abiertas las puertas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con los favorables criterios de la Corte IDH a la cabeza, los años sin protección legal seguirán pasando hasta entonces. Solo por poner un ejemplo: el reciente proceso en el que se condenó a Colombia por denegar una pensión de viudez al sobreviviente de una pareja gay fue resuelto por la Corte IDH luego de 11 años, contados desde que el caso llegó a la CIDH.

Si los activistas quieren resultados certeros, deben buscar estrategias lo más rápido posible. Las negociaciones y presiones para la dación de una ley son posibles, aunque ya se sabe que no son las únicas vías. Los procesos judiciales son también una alternativa, pero el tiempo se agota para resultados favorables y esperar cinco o diez años más ya no es una opción.

Comments

comments

Dejar respuesta