Puebla: Mujeres trans exigen al Ombusdman intervenir ante discriminación institucional

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Por Tuss Fernández

El Congreso del Estado de Puebla, habría promovido un amparo ante la justicia federal para impedir modificaciones a su Código Civil en lo que respecta al Matrimonio Igualitario y el reconocimiento de identidad sexo-genérica, informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a un grupo de mujeres trans, que este día acudieron al organismo para solicitar su intervención en distintos puntos de los que según denuncian, han recibido un trato discriminatorio por parte de las autoridades.

Respecto de lo anterior, especialistas en derecho consultados por Lado B descartaron que ello fuera posible toda vez que la Ley de Amparo no faculta a los Congresos estatales para promover juicios y tampoco existe hasta el momento, alguna reforma de ley que le obligue a modificar la norma vigente en el Código civil.

En ese sentido, la legisladora del PRD, Socorro Quezada Tiempo dijo desconocer si existe alguna acción similar por parte de los integrantes del Legislativo y manifestó que de haber ocurrido, los diputados involucrados habrían incurrido en un acto ilegal por no haberlo presentado ante el Pleno.

Por su parte, las mujeres trans a través de un documento de tres puntos, exigieron a la CEDH: 1) Mediar para la conformación de una mesa de diálogo con la Fiscalía del Estado para que se conozcan los avances sobre los crímenes de odio ocurridos en la entidad, 2) Que el Ombudsman emita una recomendación al Congreso del Estado para que éste reconozca el derecho a la identidad sexo genérica y, 3) Brinde capacitación a servidores públicos respecto de los derechos de las personas trans para que sean tratados con dignidad por las diversas instituciones del estado.

En el documento entregado, puede leerse que el Grupo Trasngénero Puebla acusa a la Fiscalía del Estado de “dar carpetazo” a los expedientes de crímenes contra la población trans. De igual forma, demandan al Consejero Presidente de la CEDH, Antonio López Badillo, “tener el valor y las ganas” además de actuar “de acuerdo a sus atribuciones”.

A través de su portavoz, Gaby Chumacero, las mujeres trans también denunciaron ser víctimas constantes de hostigamiento, maltrato y discriminación por parte de policías quienes, por el simple hecho de llevar escote, las remiten a los separos para purgar la pena máxima por una falta administrativa que, de acuerdo al Código Reglamentario Municipal (COREMUN), corresponde a 72 horas de arresto o 100 días de salario mínimo (alrededor de siete mil 100 pesos).

“Nos paran en la calle y nos dicen que si encuentran un condón en nuestra bolsa, nos van a remitir por prostitución incluso aunque no estemos de trabajo (sexual). Nos quitan todo, celulares, relojes y todo, hasta los maquillajes. Y si no llevamos dinero hasta nos acompañan al cajero. O nos levantan y nos van a aventar lejos, fueras (sic) de la ciudad”, manifestaron algunas de las asistentes.

Chumacero afirmó que del año 2000 a la fecha, en Puebla se han registrado al menos 52 casos de crímenes de odio por transfobia de los que hasta ahora, sólo dos se han resuelto. Refirió que la mayoría de estos crímenes han tenido los mismos tintes que los recientes feminicidios, es decir, que sus ejecutores los han cometido con exceso de violencia.

Así mismo, dio a conocer que desde el 2015, cinco personas trans (tres hombres y dos mujeres) han promovido amparos para el reconocimiento de su identidad de género. “Nos han estado dando vueltas. Ya los aceptaron pero no les han dado solución desde hace más o menos un año”. Recordó además, que desde hace aproximadamente cinco años, se presentó al Congreso la propuesta de ley Agnes Torres y que hasta la fecha, los diputados la han mantenido en la congeladora.

“Este es el primer escalón y no nos vamos a quedar así. El Grupo Trasngénero Puebla vamos a darle para adelante y vamos a darle con todo al Gobierno con todo lo que da porque queremos que nos traten como seres humanos y no como basuras y que se detenga tanta discriminación y tanta violencia”.

La orientación sexual y la identidad de género son respectivamente, el primer y cuarto lugar de causas de discriminación en Puebla, según datos del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred). Hasta abril de este año, la Fiscalía del Estado era la dependencia con mayor número de quejas acumuladas ante la CEDH por la presunta violación de los derechos de la población sexo diversa. (Ver: http://ladobe.com.mx/2016/09/organizaciones-lgbti-denuncian-por-discriminacion-a-la-arquidiocesis-de-puebla/

Acusan simulación de los diputados de izquierda

En marzo de este año, la diputada perredista Socorro Quezada, presentó nuevamente ante el Congreso la iniciativa de Ley Agnes Torres. Sin embargo, los legisladores, incluyendo a los de su partido, se negaron a discutirla.

En ese entonces, Quezada Tiempo declaró a Lado B que solicitaría la intervención del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, sancionara a los miembros de su bancada por incumplir los acuerdos de su agenda nacional entre los que estaban incluidos el Matrimonio Igualitario y el reconocimiento de identidad sexo genérica.

Hoy, la integrante del Sol Azteca reconoció que no realizó la solicitud por haber pactado una fallida tregua con sus compañeros de bancada Carlos Martínez Amador, Julián Rendón e Ignacio Mier. Señaló que estos personajes ligados al morenovallismo, presentaron la semana pasada en rueda de prensa, una agenda de 12 puntos entre los cuales se contemplan iniciativas a favor de la población LGBTI, sin embargo, sugirió que podría tratarse de una simulación de los diputados para impedir las sanciones por parte del CEN del PRD.

“Yo puedo fingir que voy a tomar la bandera de la comunidad LGBTTTI pero en la realidad no hacer nada al respecto. Ojalá que estos disputados realmente empujen esta agenda y en ese caso yo me sumaría. Espero que haya disponibilidad pero no lo sé, eso solo lo saben ellos y sus consciencias”.

Quezada Tiempo lamentó la postura del Congreso poblano en torno a los derechos de la población LGBTI. “Al parecer, poco o nada les importa que nuestro Código sea inconstitucional (según la Suprema Corte de Justicia de la Nación) porque tienen fuertes intereses con la Iglesia Católica y con grupos empresariales ultra conservadores. No les interesa la situación de los Derechos Humanos”.

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