Histórico: Tribunal de Venezuela falla a favor de las familias homoparentales

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Justo cuando se cumplen dos años del asesinato de Ginyveth Soto Quintana, esposa de Migdely Miranda Rondón y ambas, madres del pequeño Salvador Gabriel, se hace justicia en el reconocimiento legal de su hijo. A partir de ahora él podrá ser inscrito en el registro civil venezolano con el apellido de sus dos mamás y, además, es declarado heredero de los bienes de su madre fallecida.

Este 15 de diciembre la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró con lugar la acción de amparo constitucional y estableció que los casos de reproducción asistida donde la madre gestacional es una mujer distinta a la biológica, el niño o la niña, tiene el derecho de estar inscritos con los apellidos de sus progenitoras.

Además, en dicha sentencia se interpreta el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que la jefatura de las familias pueden ejercerlas las familias homoparentales, y por ende el Estado brindará protección sin distinción, a la forma de conformación de la familia, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes nacidos en familias homoparentales, gozando de todos los derechos y garantías consagradas a favor de las personas en el ordenamiento jurídico al igual que cualquier otro niño que haya nacido dentro de una familia tradicional, informó el máximo tribunal del país a través de un boletín de prensa.

Tras el anuncio de esta sentencia conversamos con Migdely Miranda quien se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

“Estoy súper feliz, justo el día 13 se cumplieron dos años de la partida física de mi esposa, ella siempre está presente en nuestras vidas. Siento que se hace justicia en nuestro caso y en el de muchas familias homoparentales. Este es un momento sumamente importante para nosotros como activistas, que además, hemos padecido y padecemos aún tanto maltrato y violencia”.

Al final se alcanzó la justicia, comenta. “Gini siempre decía que esta lucha era por nosotros y por las familias que quizá no tenía las posibilidades económicas de casarse en el extranjero, hacer un proceso in vitro. Pero sobretodo, dejar de ser invisibles, y poder tener igualdad jurídica, pues, el Estado nos está reconociendo como familias”.

Como primer paso –tras esta decisión- será registrar a Salvador Gabriel con el apellido de sus dos mamás en la embajada de Venezuela en Argentina y empezar a realizar las gestiones para volver al país. “Mi primer anhelo es volver a Venezuela, con mi familia y amigos, pero al partir en el 2015 (debido a las presiones que sintió de que le quitaran a su hijo) renuncié a mis dos empleos y quedamos sin casa. Ahora buscaré empleo desde acá.”

Agradeció el apoyo recibido durante esta batalla por parte de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria y del colectivo Ejército Emancipador.

UNA DECISIÓN QUE ABRE PUERTAS

Sobre esta histórica decisión del TSJ también consultamos al abogado José Manuel Simons, representante legal de la AC Venezuela Igualitaria y quien acompañó a Migdely Miranda en esta lucha. “La sentencia reconoce primero que nada a Salvador como hijo de Ginyveth y Migdely, y también lo reconoce como sucesor, por lo cual, hay que iniciar otro caso para que le den lo correspondiente al apartamento y el carro que ya vendieron sus abuelos”.

En Venezuela existen, según el último censo del año 2011, unas 6 mil familias homoparentales constituidas, con lo cual a raíz de esta sentencia se verán protegidas por el Estado.

“Sí, ya es jurisprudencia y en realidad reconoce a todas las familias. Esta sentencia le resuelve a mucha gente, que no tiene cómo irse del país para encontrar seguridad filiatoria y entonces uno queda por fuera, sin filiación o reconocimiento legal”, señaló Simons quien se sorprendió por lo pronto que salió el dictamen, ya este caso fue presentado en marzo de este año.

Con esta gran noticia para las familias homoparentales venezolanas cerramos este año 2016. Un paso más hacia la reivindicación de los derechos de las personas LGBTI. Un estímulo para no abandonar la lucha y seguir exigiendo igualdad jurídica para todas y todos.

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