Denuncian ante la CIDH a El Salvador por impunidad en crímenes de odio

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Las organizaciones salvadoreñas Comunicando y Capacitando Mujeres Trans (COMCAVIS Trans), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la “Situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en El Salvador”.

Como parte de sociedad civil, estas organizaciones denuncian al Estado Salvadoreño por la incapacidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia para la población LGBTI. Pues, las personas de la diversidad sexual son violentadas por las mismas instituciones del gobierno al momento de buscar la protección y garantía de sus derechos.

La representación de la población LGBTI estuvo a cargo de Florencia Reggiardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); quien fue acompañada por Bianka Rodríguez y Camila Vargas, de Asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans con VIH (COMCAVIS TRANS); Kerlin Belloso Martínez, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y Ámbar Alfaro, de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad. Además, cabe señalar que  en la preparación de la audiencia también participaron la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano de Personas Trans de El Salvador (ASPIDH Arcoíris), la Red Salvadoreña de defensoras e IGUALITOS.

La presentación de la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en El Salvador constó de cuatro puntos: 1) Los crímenes de odio cometidos contra la personas LGTBI en El Salvador; 2) la falta de acceso a la justicia, falta de investigación e impunidad en que permanecen los delitos cometidos contra la personas LGTBI en este El Salvador; 3) El ataque y criminalización a las defensoras y defensores de derechos humanos de las personas LGTBI; y 4) Peticiones a la Ilustre Comisión y al Estado de El Salvador.

En tal sentido, las organizaciones de sociedad civil destacaron que “la violencia y la discriminación contra las personas LGTBI se produce a raíz de patrones culturales arraigados que se encuentran instalados no solo en la sociedad salvadoreña, sino también en diversos órganos del estado que deben intervenir en procesos relacionados con la garantía y el acceso a los derechos de estas personas”.

Las organizaciones aseguraron que “esta situación no es solo producto de la inacción del órgano judicial, sino también de la falta de políticas integrales por parte del Estado para garantizar plenamente los derechos humanos de las personas LGTBI”. La situación de violencia y discriminación sigue en aumento en el país. 

Las organizaciones recordaron que hasta la fecha en El Salvador se registran más de 600 crímenes de odio que se encuentran en impunidad, pues, judicializar estos casos depende del cumplimiento de funciones de la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia.

Aunque en el 2015 se reformó el Código Penal salvadoreño para incorporar la tipificación de los Crímenes de Odio en todas sus expresiones, las organizaciones enfatizaron que la impunidad permanece en el 100% de casos donde la víctima es parte de la población LGBTI.

Sin embargo, en esta audiencia ante la CIHD se enfatizó que la directora ejecutiva y representante legal de COMCAVIS Trans, Karla Avelar, no pudo participar presencialmente en la audiencia, defender sus derechos humanos y ejercer su rol de defensora de los derechos de las personas LGTBI, ya que la embajada estadounidense en El Salvador le negó la visa para poder ingresar a Estados Unidos. 

¿AVANCES?

Por parte del Estado salvadoreño fue el director de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión Social, Cruz Edgardo Torres, quien destacó los avances en atención a la población LGBTI. “Debemos tener en cuenta que es desde el 2009 que la población LGBTI comienza a visibilizarse con sus necesidades por parte del Estado”.

El Director de Diversidad Sexual mencionó como avances la separación de la atención a pacientes LGBTI en las unidades de salud con el objetivo de dar un mejor servicio. Por lo que “se han adoptado medidas para proteger y respetar la identidad de género y evitar la discriminación a partir del Decreto Ejecutivo 56”, destacó Torres. Asimismo, señaló la creación en el 2013 del Call Center 131, línea confidencial para atender a la población LGBTI.

No obstante, las organizaciones de sociedad civil enfatizaron que Durante los primeros dos meses de este 2017, se han registrado al menos 14 “crímenes por odio”. Hechos que han dejado en evidencia altos grados de ensañamiento y crueldad, donde “se observa que las víctimas en su mayoría mujeres Transgénero han sido torturadas, sus genitales mutilados o expuestos a la vista pública; estas acciones demuestran los niveles de prejuicios que subsisten en la sociedad salvadoreña”.

Ante esta realidad la Relatoría temática LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su alarma pues muchos de los problemas que se denuncian en El Salvador también se están presentando en otros países de Latinoamérica. Entre estos el maltrato, la tortura y la discriminación hacia la población LGBTI por las mismas instituciones del Estado.

Asimismo, se lamentó la invisibilidad y falta de estadísticas de Crímenes de Odio, pues se convierte en un factor de impunidad en el sistema judicial salvadoreño, por ende la Relatoría temática LGBTI de la CIDH reiteró la necesidad de que el Estado de El Salvador logre judicializar los Crímenes de Odio cometidos contra la población de la Diversidad Sexual y activistas de derechos LGBTI.

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