El Salvador es un país cuyo marco jurídico se ve enriquecido con leyes, tratados y convenios para la garantía de la justicia, al menos esa es la concepción internacional basada en las normativas vigentes en territorio salvadoreño. Sin embargo, existen diferentes poblaciones que tienen una visión diferente, entre estas el sector de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales e Intersexuales (LGBTI).

Desde 1994 hasta la fecha, en El Salvador, las organizaciones LGBTI reportan más de 600 crímenes de odio. Según la denuncia de activistas de derechos humanos, estos hechos ocurren por ignorancia, el estigma y la discriminación hacia aquellas personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. Para este sector, el acceso a la justicia parece ser un derecho negado por las mismas instituciones del Estado, que son las responsables de judicializar y esclarecer los delitos.

Pero entre los 600 crímenes de odio hay casos emblemáticos, un ejemplo es el asesinato de Tania Vásquez, una mujer transgénero quien nació en el municipio de Panchimalco, ubicado en la zona sur del departamento de San Salvador. La sociedad le impuso un nombre con el que nunca se sintió identificada: Edwin Omar Vásquez. Ella era conocida como “Galaxia” , quienes conocieron  toda su historia.

Desde su infancia enfrentó retos y afrontó una vida difícil en la humildad. Sufrió en carne propia la discriminación por parte de la sociedad y su propia familia, quienes la rechazaron por su orientación sexual e identidad de género que no encajaba en la heteronormativa.

El territorio salvadoreño tiene una extensión de 21, 041 km² y se divide en 14 departamentos, su capital lleva el mismo nombre del departamento donde está ubicada: San Salvador. Acá se encuentran ubicadas la mayoría de instituciones de gobierno y es el principal escenario de la toma de decisiones políticas que afectan al país. También es el principal escenario de lucha social donde el colectivo LGBTI busca el respeto y cumplimiento de sus derechos constitucionales, los cuales son violentados. Además, es el centro del trabajo sexual de hombres, mujeres, travestis y transgéneros.

Tania trabajó como mesera en un restaurante en la zona de Los Planes de Renderos, que es parte del municipio de Panchimalco, lugar de origen de Tania. En este lugar sufrió discriminación por su forma de ser, ya que aunque no había iniciado su proceso de transición, sus gestos y actitudes eran muy femeninas y no eran de agrado para el encargado del lugar. Sufrió maltrato. Era habitual la sobrecarga de actividades hasta que la despidieron.

Posteriormente Tania consiguió trabajo como vendedora de souvenirs en la misma zona de Los Planes de Renderos, ya que es un sitio turístico muy visitado por su clima fresco. Fue acá donde la dueña le permitió iniciar su fase de transición.  Ella comenzó como la mayoría de transgéneros en El Salvador con la hormonización casera, sin control de un especialista. Sin embargo, la dueña del negocio recibió críticas de otros establecimientos y terminó por despedirla por su expresión de género ahora más femenina. Tras buscar oportunidades laborales y no encontrar, Tania entra el mundo del trabajo sexual. Durante el periodo como trabajadora sexual conoció el trabajo que las organizaciones de la Diversidad Sexual realizaban a favor de la comunidad LGBTI. Así, tras ser usuaria y beneficiaria del apoyo de estas instituciones, nació su interés por contribuir a la lucha por cambios de transformación social. Buscaba contribuir al beneficio de quienes como ella eran víctimas del estigma y la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

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Sin embargo, su lucha fue interrumpida por el rencor social. El domingo 5 de mayo de 2013 la noticia sobre su asesinato fue publicada en el periódico salvadoreño “El Más”. Este hecho impactó a la población y organizaciones LGBTI, pues evidenció los crímenes de odio:

Una persona fue asesinada de un balazo y su cuerpo abandonado dentro de una bolsa plástica negra en el barrio Lourdes de San Salvador.

La víctima, al parecer un travesti, estaba semidesnudo y se hallaba a un lado de una de las aceras del barrio Lourdes, en el bulevar Arturo Castellanos. Del hecho, las autoridades no brindaron mayor información, excepto que fue ultimada de un balazo en el rostro y que había salido por la cabeza.

Además, que por la rigidez del cuerpo, la víctima tenía entre 12 y 15 horas de haber sido asesinada; por lo que no descartan que pudo ser ultimada el viernes o en la madrugada del sábado. La Policía afirmó que el sujeto tenía entre 25 y 28 años. Además vestía cinco prendas íntimas, una blusa, usaba pelo largo y una cola en una de sus manos.

Las autoridades no se aventuraron en vaticinar sobre el posible móvil del crimen. La escena se mantuvo desde las 6:00 hasta las 10:00 de la mañana cuando fue levantado el cadáver por Medicina Legal.

La zona del barrio Lourdes de San Salvador, donde cruza el bulevar Venezuela (en su momento Arturo Castellanos) fue el lugar donde encontraron el cadáver de Tania Vásquez.  Es área de alta peligrosidad. Es el límite entre territorio dominado por las pandillas MS y 18.

Un joven de la localidad aseguró que en el 2013 la zona era intransitable de noche para personas que no fueran residentes. Ahora, según él, se puede transitar de noche pero manteniendo un perfil bajo que no llame la atención (no ropa floja o alusiva a pandillas y cero accesorios como relojes, cadenas y teléfonos celulares). No obstante, una señora de la tercera edad mencionó que en la zona a menudo se dan enfrentamientos entre las pandillas por lo que la mayoría de lugareños se mantiene al interior de sus hogares de día y noche.

 

El hecho encendió la alarma en la comunidad LGBTI, pues fue uno de cuatro casos consecutivos registrados entre finales de abril e inicio de mayo de 2013. Pero tras el asesinato de Tania Vásquez, empezó la lucha imparable de Karla Avelar, quien en calidad de amiga, activista y directora de la asociación COMCAVIS Trans, no para en acciones para lograr justicia en este crimen.

“Tania fue una persona sufrida, sufrió en carne propia el desprecio social y de su familia. Ella perdió a sus padres a temprana edad. Fue despojada de sus bienes por sus propios tíos. Sin embargo, se caracterizaba por su alegría, hasta en los peores momentos tenía una sonrisa”, así la recuerda Karla Avelar, quien fue su guía en el activismo de derechos humanos y reconoció que “como activista ella no pudo demostrar el 100% de su potencial, pero, en el tiempo que logró contribuir a la causa siempre fue muy empática y atenta”.

En enero de 2013 Tania se libró de la muerte, así lo hizo público a través de su cuenta en la red social Facebook. “Ella se vio atrapada en un cruce de fuego, afortunadamente ninguna bala impactó en su cuerpo. Fue un hecho aislado porque el ataque no era dirigido a su persona”, comenta Karla, quien conoció sobre el incidente por testimonio de Tania.

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El último mes de vida de Tania estuvo cargado de adrenalina y miedo, pues, recibió amenazas de muerte. “Ella no quiso denunciar por temor a que las acciones se concretaran”, explica Karla, quien insistió en que lo hiciera, sin embargo no logró que atendiera la recomendación.

“Yo me encontraba de viaje fuera del país cuando se dio el ataque que le quitó la vida a Tania. Al conocer el hecho regresé de inmediato a El Salvador para ver que se podía hacer. De entrada busqué como retirar el cuerpo del Instituto de Medicina Legal, pues las autoridades solo iban entregar el cuerpo a la familia, lo lamentable es que los familiares no tenían voluntad de colaborar. Prácticamente tuvimos que darles dinero para que lo hicieran”, relata Karla.

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El primer paso fue dar digna sepultura a Tania, para esto Karla se vio en la necesidad de conseguir el dinero necesario para cubrir los gastos de trámites por defunción, velación y entierro.

“La familia no quería hacer nada, la señora (tía de Tania) cobró por movilizarse. Así logramos el acta de defunción para realizar el sepelio, que se logró gracias a las donaciones de personas altruistas que conocieron la necesidad y colaboraron con la cantidad a su alcance”, explica Karla, quien mientras habla refleja en su mirada el dolor e impotencia por un crimen que aún goza de impunidad.

La investigación por el homicidio de Tania Vásquez inició y la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador (liderada en su momento por el Fiscal General Luis Martínez) solicitó al Juzgado 4 de Paz de San Salvador la emisión de una orden de allanamiento para hacerla efectiva en las instalaciones de la Asociación COMCAVIS Trans.

Es acá donde Karla Avelar comienza a visualizar una serie de atropellos en contra de su lucha por la justicia. “La FGR le solicita al Juzgado 4º de Paz una orden de allanamiento en contra del ‘prostíbulo’ COMCAVIS Trans. La orden no cumplía con los requisitos para ser efectiva, comenzando por la clasificación del lugar, somos una asociación que trabaja por los derechos de la población LGBTI con énfasis en el sector Transgénero, no somos un prostíbulo donde se ejerza el trabajo sexual”, mencionó Karla.

La directora de COMCAVIS Trans agregó que “todo requerimiento tiene hora de inicio y hora fin, sin embargo, en este caso particular el allanamiento comenzó antes y terminó horas después de las establecidas en la orden judicial”.

“Sufrimos prepotencia y amenazas de la licenciada Lilian Gaytán fiscal del operativo, por supuesta obstrucción a la justicia por el simple hecho de hacerle las observaciones sobre su accionar con base a una orden que presentaba incoherencias. La compañera Natali sufrió opresión por parte del personal de la FGR quienes le intentaron arrebatar la cámara porque estaba documentando el abuso de poder por parte de ellos. Como resultado las autoridades secuestraron las computadoras con el fin de investigar”, detalló Karla.

Mientras FGR efectuaba el allanamiento de las instalaciones de COMCAVIS Trans, Karla y el resto de miembras del equipo de trabajo enfrentaban la presión por defenderse ante el abuso de poder, a tal grado que no tuvieron tiempo de solicitar el auxilio de otras organizaciones e incluso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

“Nadie se oponía a la investigación para dar con los culpables del asesinato de Tania. Yo conocía mis derechos básicos y estaba luchando por que se respetaran. Pero, no hubo respeto al mecanismo que se debe seguir en casos de orden de allanamiento. Posteriormente presentamos una denuncia contra la fiscal Gaytán y el director de la Unidad de Vida de FGR, quienes realizaron la auditoría”, comentó Karla.

No obstante, en ese momento el empleado que tomaba la denuncia realizó una llamada a la fiscal Gaytán para informarle de la acción que iniciaba en su contra. “-Aquí está un maricón denunciándola…- fueron las palabras utilizadas por el trabajador de la FGR y eso me demostró que no hay privacidad respecto a los procesos de denuncia al interior de dicha institución”, lamentó la activista.

Para Johanna Ramírez, actual Técnica Jurídica del Área de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), quien cuenta con experiencia como abogada y defensora de derechos humanos de poblaciones vulnerables tras su labor para la Asociación Entre Amigos, durante el 2015 y 2016 donde brindó asistencia legal, acompañamiento y seguimiento a casos de violaciones a derechos humanos de personas LGBTI, “los principales obstáculos con los cuales se enfrenta al momento de tratar de acceder al sistema de justicia es el irrespeto a la identidad de género de las mujeres y hombres trans”.

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Ramírez indicó que “aún existe el estigma y la falta de reconocimiento de los derechos de esta población, a pesar de las campañas de sensibilización que han realizado instituciones; pues estás funcionan en los casos donde la población se hace acompañar de las organizaciones, solo así se puede hacer que el sistema funcione”. Por su experiencia, no le sorprende el maltrato que Karla recibió por parte del personal de FGR, sin embargo lamentó que esas actitudes persistan en las instituciones de justicia.

Sobre el secuestro de las computadoras de COMCAVIS Trans, Karla comentó que el periodo de investigación tuvo una duración de siete meses. Sin embargo señalo que el equipo no fue devuelto en óptimas condiciones, pero al menos aún eran funcionales.

“Nunca se nos entregó informe sobre el resultado de la investigación, FGR alegó que la información obtenida era de carácter confidencial”, comentó Karla, su voz aún transmite descontento.

En el 2014 Karla continúa su lucha para hacer justicia en el caso y con apoyo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), se trabajó en un poder el cual fue firmado por la tía de Tania Vásquez. Este documento permitió gestionar acceso a la documentación que la FGR y PNC tenían sobre el caso. Pues, esta información solo puede ser solicitada por familiares de la víctima. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue que la investigación era de carácter reservado.

Posteriormente, con asesoramiento de la FESPAD, se buscó acceso a la información pero está vez como asociación, considerando que Tania era parte de la junta directiva, por ende, si era permitida la solicitud sobre el caso. Aun así, el resultado fue el mismo: Investigación de carácter reservado.

En el año 2015, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) información sobre el caso del asesinato de Tania Vázquez. Pero, el esfuerzo liderado por el entonces procurador de Derechos Humanos, David Morales, recibió la misma respuesta que las peticiones anteriores: Información de carácter reservado.

INTENTAN SILENCIAR LA DENUNCIA

Pero con las acciones para buscar encontrar a los responsables del asesinato de Tania Vásquez surgieron las amenazas en contra de Karla Avelar. “Dejé de darle vuelta al asunto por un tiempo porque recibí constantes amenazas para que dejara de denunciar la falta de justicia en el caso. Al menos sufrí amenazas siete veces en un lapso de cuatro meses”, señaló.

Esta situación obligó a que Karla cerrara su cuenta en la red social Facebook (una plataforma muy utilizada para los activistas LGBTI para coordinar acciones y unir esfuerzos) y cambiar su número telefónico móvil.

Tras una breve pausa, Karla reinició sus acciones denuncia a través de medios de comunicación internacionales. “Este caso ha sido emblemático no solo por ser una mujer Trans. Además era activista de Derechos Humanos. Como este hay muchos casos de crímenes de odio que hasta la fecha ninguno ha sido judicializado”, indicó Avelar días previos a cumplirse dos años del asesinato de Tania.

En ese momento en El Salvador los Crímenes de Odio no están tipificados en el Código Penal, por lo que la mayoría de casos están registrados como violencia común. Fue el 3 de septiembre de 2015 que la Asamblea Legislativa aprobó la reforma, con la cual dichos delitos serían penados hasta con máximo de 65 años de cárcel.

FALSAS ESPERANZAS

La modificación fue aprobada con 74 votos y un voto a mano alzada, haciendo un total de 75. Ningún diputado votó en contra de la reforma que endurece las penas cuando se trate de amenazas u homicidios motivados por discriminación racial, étnica, política, de género o por orientación sexual.

Fueron dos artículos claves del Código Penal los que se reformaron para poder aplicar justicia y condenar aquellos delitos basados en odio. En los homicidios simples las penas van hasta 15 años, mientras que en los agravados llegan hasta 65. Por tanto, los crímenes de odio pasaron a considerarse homicidios agravados.

Artículo 129: La modificación indica que los homicidios que tienen como motivación el odio por discriminación racial, étnica, política, de género o por orientación sexual, serán considerados como homicidio agravado, y sancionados con una pena de 30 a 60 años.

Artículo 155: Se incorpora el concepto de amenaza agravada (pues antes no se contemplaba) en casos motivados por odio racial, étnico, religioso, político, identidad de género o de orientación sexual. Y su sanción penal será de 3 a 6 años.

En enero de 2016 asumió su rol como nuevo Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, con este hecho Karla visualizó la posibilidad de lograr justicia para Tania. COMCAVIS Trans junto a otras organizaciones se reunieron con el nuevo titular de la FGR para plantear las necesidades y expresar su confianza en judicializar los crímenes de odio.

Sin embargo, desde la reforma al Código Penal y el inicio de funciones del nuevo Fiscal General de la República los más de 600 Crímenes de Odio permanecen en la impunidad.

Nuevamente, en ese año Karla intentó acceder a la información del caso de Tania a través de la Oficina de Información y Respuesta de la FGR, amparada en la Ley de Acceso a laInformación Pública que es vigente en El Salvador desde el 8 de mayo de 2011. Pero los resultados fueron nulos. Otra vez se argumentó que la investigación es de carácter reservado.

Desde el 22 de septiembre de 2016, Karla quedó sin el respaldo de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. La nueva titular de la institución, Raquel Caballero de Guevara tras ser juramentada como procuradora de los Derechos Humanos disolvió la mesa permanente de la Diversidad Sexual, la cual funcionaba bajo la administración anterior para analizar necesidades y posibles soluciones para la garantía de derechos de la población LGBTI.

“La gestión actual de la PDDH no ha justificado la disolución de la Mesa permanente de la Diversidad Sexual, la procuradora ha demostrado su fundamentalismo religioso pues ha ignorado su mandato constitucional y por tanto ante su falta de acción se convierte en cómplice de los crímenes de odio por su actitud pasiva; pues tampoco se ha pronunciado ante los recientes asesinatos de mujeres Transgénero en El Salvador”, exclamó Karla.

Para la abogada Johana Ramírez la tipificación de los crímenes de odio es un avance innegable en los marcos normativos, pero consideró que la impunidad en los casos registrados hasta la fecha se debe a la falta de capacidad de investigación de agentes policiales y fiscales. “Esto aunado a que se enfrentan además a los altos índices de homicidios en el país y por lo tanto la capacidad de respuesta es muy poca, sin embargoeso no justifica la falta de investigación”, recalcó.

Asimismo, Johana reconoce que “la falta de instrumentos que visibilicen conceptos básicos de orientación sexual, identidad o expresión de genero contribuye a falta de segregación de datos”. Por lo que, muchos casos de homicidios registrados a diario en El Salvador serían en realidad crímenes de odio. Por ejemplo, el asesinato de Tania está clasificado como violencia común, sin embargo por ser conocida públicamente y por características del hecho se reconoce extraoficialmente como crimen de odio.

“Las organizaciones sí manejan datos muy importantes, pero la falta de instrumentos de recolección de datos hace que no se tenga una medición de la violencia hacia personas LGBTI; además se suman los medios de comunicación que tienden a mencionar invisibilizar los crímenes de odio”, agregó la abogada Johana Ramírez.

Cuando Tania fue asesinada en el 2013 solo un periódico y un noticiero de televisión informaron sobre el hecho. Las publicaciones de las organizaciones LGBTI contribuyeron a viralizar la noticia.

LOS ESFUERZOS CONTINÚAN

Desde el inicio de 2017 el actual Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, ha expresado las necesidades de la Fiscalía para poder cumplir con sus funciones y garantizar justicia.

“Yo recibo periódicamente solicitudes de nombramiento de fiscales especiales, en el tema LGBTI, nosotros deberíamos tener una unidad para eso, pero no la tenemos, entonces tenemos que hacerlo de forma general y poner a fiscales generales para que investiguen eso. Tenemos diversidad de atribuciones específicas que deberíamos estar atendiendo de forma personalizada como fiscal, ¿pero como la hacemos? De forma general”, expresó Meléndez, como justificación ante el cuestionamiento de la falta de judicialización de Crímenes de Odio.

Añadió que la FGR necesita mayor inyección de fondos para poder cumplir con las demandas de justicia de los sectores sociales vulnerables. Sin embargo, para Karla como activista y parte de la población LGBTI, esto solo es parte de la falta de voluntad del Estado salvadoreño por garantizar el acceso a la justicia a personas discriminadas socialmente por su orientación sexual e identidad de género.

Este año se cumplen cuatro años del asesinato de Tania Vásquez, ante la falta de voluntad del Estado salvadoreño por esclarecer este y el resto de crímenes de odio, COMCAVIS Tras junto a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron el pasado 21 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la “Situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en El Salvador”.

TRANSFOBIA

Como parte de sociedad civil, estas organizaciones denuncian al Estado Salvadoreño por la incapacidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia para la población LGBTI.

Las personas de la diversidad sexual son violentadas por las mismas instituciones del gobierno al momento de buscar la protección y garantía de sus derechos. En tal sentido, las organizaciones de sociedad civil destacaron que “la violencia y la discriminación contra las personas LGTBI se produce a raíz de patrones culturales arraigados que se encuentran instalados no solo en la sociedad salvadoreña, sino también en diversos órganos del estado que deben intervenir en procesos relacionados con la garantía y el acceso a los derechos de estas personas”.

Las organizaciones aseguraron que “esta situación no es solo producto de la inacción del órgano judicial, sino también de la falta de políticas integrales por parte del Estado para garantizar plenamente los derechos humanos de las personas LGTBI”. La situación de violencia y discriminación sigue en aumento en el país.

Las organizaciones recordaron que hasta la fecha en El Salvador se registran más de 600 crímenes de odio que se encuentran en impunidad, pues, judicializar estos casos depende del cumplimiento de funciones de la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia.

 

Aunque en el 2015 se reformó el Código Penal salvadoreño para incorporar la tipificación de los Crímenes de Odio en todas sus expresiones, las organizaciones enfatizaron que la impunidad permanece en el 100% de casos donde la víctima es parte de la población LGBTI.

Sin embargo, en esta audiencia ante la CIHD se enfatizó que la directora ejecutiva y representante legal de COMCAVIS Trans, Karla Avelar, no pudo participar presencialmente en la audiencia, defender sus derechos humanos y ejercer su rol de defensora de los derechos de las personas LGTBI, ya que la embajada estadounidense en El Salvador le negó la visa para poder ingresar a Estados Unidos.

Karla es firme en su voluntad de hacer los esfuerzos necesarios para lograr judicializar el caso de Tania Vásquez y su asesinato no quede impune. Sin embargo, reconoce que hoy más que nunca el panorama salvadoreño se complica ante la falta de voluntad de las instituciones del Estado por garantizar el acceso a la justicia para la población LGBTI en El Salvador.

Mientras tanto, la familia de Tania Vásquez se niega a hablar del tema y continúan con su vida, dejando a un lado la necesidad de vencer la impunidad que hasta el momento embarga el asesinato de una mujer Transgénero que luchó por vivir en libertad, perocuyos sueños fueron truncados por el odio social hacia quienes tienen una orientaciónsexual e identidad de género diferente.

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